Desde la Universidad Nacional del Sur (UNS) se realizará una investigación que incluirá a docentes, no docentes y estudiantes que sufrieron persecución por razones políticas, ideológicas o gremiales entre 1974 y 1983.

La decisión fue tomada durante el más reciente plenario, por el Consejo Superior de la UNS. La reparación documental se llevará a cabo sobre legajos laborales y fichas estudiantiles de integrantes de la comunidad universitaria que fueron víctimas del terrorismo de estado, con el objetivo de dejar constancia de las verdaderas causales.

Esto implicará la inscripción de los delitos sufridos, desde la detención, desaparición hasta el asesinato, en la documentación en poder de la Casa de Estudios.

La iniciativa encuentra como antecedentes trabajos similares desarrollados en YPF, el CONICET y otras Universidades Nacionales, como las de Buenos Aires, La Plata, Litoral, Luján, Mar del Plata, Tucumán, Córdoba y Rosario.

Durante el plenario del Consejo Superior en que se abordó el tema, el subsecretario de Derechos Humanos de la UNS, Claudio Gallegos, recordó que el relevamiento y la reparación de documentos de la Administración Pública Nacional relacionados con víctimas del terrorismo de Estado surge a partir del decreto 1199 que la entonces presidenta Cristina Fernández firmó en 2012.

Cuenta pendiente

“Diez años después, estamos logrando adaptarnos a esa normativa, reconociendo las reales causas por las que estas personas cesaron en sus funciones, siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos”, puntualizó Gallegos.

El funcionario universitario valoró la voluntad política “de todas las personas que nos encontramos en este recinto” para emprender ese camino, y destacó que tal reparación permite ampliar el reconocimiento de la Universidad a los y las integrantes de su comunidad universitaria que recientemente fueron reconocidos en la figura de David Watu Cilleruelo, militante comunista estudiantil asesinado en 1975 y a quien recientemente se confirió un doctorado honoris causa post mortem.

Por su parte, la agrupación H.I.J.O.S. celebró “la iniciativa institucional y el esfuerzo de muchos profesionales comprometidos, que fortalece la construcción de una Memoria y una reparación colectiva, que pueda abarcar a todas y cada una de las víctimas sin distinción”.

A su vez, la organización apuntó que la relevancia de la decisión radica “no solo en el orden de la individualidad de cada una de las víctimas, sino fundamentalmente para la reparación del tejido social, roto durante la dictadura genocida, pero también perpetuado durante años de silencio y ocultamiento de parte de la institución”.

De acuerdo a la resolución, las tareas estarán a cargo de una Comisión Técnica integrada por docentes y no docentes de la propia UNS. El grupo trabajará en la reconstrucción histórica y reparación documental, y para ello articulará con el Archivo Nacional de la Memoria, organismos de derechos humanos de Bahía Blanca, como H.I.J.O.S. y la Red por la Identidad, y varios sectores de la propia institución: el proyecto de extensión ‘Construyendo Memoria, Verdad y Justica en Bahía Blanca.