El rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS) valoró la aprobación en el Senado de la Ley de Financiamiento Universitario. “Esperamos que no sea vetado porque no sólo tiene mayoría en las Cámaras, sino que cuenta con un amplio respaldo social”, agregó.

Durante las primeras horas del viernes se convirtió en Ley la norma que estipula la forma de paliar la crisis financiera y salarial que enfrentan las universidades nacionales.

La ley permitirá la actualización de partidas, además de permitir la actualización de los salarios de trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes, que en la actualidad, no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Además, la ley prevé una actualización mensual por inflación y establece una retroactividad al 1 de diciembre de 2023.

Los fondos destinados a las universidades, según la ley sancionada, se distribuirán en función del número de estudiantes de cada universidad, las carreras ofrecidas, cantidad de egresados y egresadas, hospitales y escuelas secundarias que tengan a cargo, así como también, la actividad científica, tecnológica y de extensión que desarrollen.

Cómo sigue la medida

 La diferencia obtenida por la mayoría es lo suficientemente amplia como para intentar poner freno a un posible veto presidencial, ya que el jefe de Estado anunció que vetará la norma.
Con 57 votos a favor, 10 en contra y una 1 abstención, ahora la norma quedará vigente si la reglamenta el Poder Ejecutivo, aunque el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó en un programa televisivo adelantó que será vetada “para no comprometer el equilibrio fiscal”.

La suba incluye un incremento para los docentes y no docentes y generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. Asimismo, también da cuenta de la realización de auditorías sobre la ejecución de los fondos universitarios, que estarán en manos de la Auditoría General de la Nación.