Un empresario que vacía una empresa, 55 familias que intentan recuperar la producción y un juez que decide desalojarlas el último día hábil antes de la feria judicial.

El 30 de diciembre de 2021 titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7, el juez Fernando D’Alessandro, dictaminó una orden de desalojo contra la Cooperativa de Trabajo La Nirva Grandote Limitada. Se trata de la fábrica que hace décadas elabora y comercializa el alfajor Grandote y que, desde 2019, se encuentra bajo control de sus empleados cuando el empresario Matías Paradiso dejó de pagar los sueldos y comenzó lo que los trabajadores definen como un “vaciamiento” de la fábrica, ubicada en Isidro Casanova, distrito de Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense.  

El empresario se había hecho cargo del negocio un año antes y, sobre agosto del año 2019, meses antes de la llegada de la pandemia a la Argentina, discontinuó el pago de haberes, los servicios de luz y gas y avanzó con despidos del personal. El 24 de diciembre de ese año, luego de casi medio año de deudas anunció el pago de lo adeudado con la emisión de cheques que, finalmente, no tenían fondos. 

Desde entonces empleados y empleadas ocuparon las instalaciones y pusieron a funcionar la empresa bajo su propio control. Hace ya un año que cuentan con la matrícula como Cooperativa y actúan en el marco del juicio por quiebra para obtener el beneficio de las máquinas y las instalaciones de la unidad productiva de la cual son principales acreedores. La legislación establece la prioridad en caso de que el concurso de acreedores derive en una quiebra.

En diciembre de 2021, imposibilitados legalmente de producir y comercializar su principal producto, el mencionado alfajor Grandote cuya marca sigue en manos del empresario, decidieron producir pan dulce además de los alfajores que ya venían produciendo para poder atravesar la situación.

A horas de la celebración del Año Nuevo, sin embargo, recibieron la notificación del juzgado en la que el juez solicita el desalojo de las instalaciones que custodian hace más de dos años.

Para el juez, los empleados estafados por su patrón, incurrieron en actos “ilegítimos y delictuales” cuando, en realidad, los trabajadores organizados participaron de todas las convocatorias realizadas por la cartera laboral a las que el empresario Paradiso se ausentó o donde plasmó promesas de pago siempre incumplidas.

La orden del juez no establece ni hora ni día en la que se deberá realizar el operativo pero dispone “el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril de la deudora y restituir la posesión de la misma a la concursada”, para lo cual define “facultar al oficial de Justicia a allanar el domicilio y requerir el auxilio de la fuerza pública”.

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