El Juzgado en lo Correccional N° 1 de Bahía Blanca, a cargo del Juez Luis Ares, resolvió hacer lugar al pedido de habeas corpus correctivo colectivo realizado por los Defensores Oficiales, Sebastián Cuevas, Fabiana Vannini; y la Secretaria Silvana Corvalan, debido al agravamiento de las condiciones de detención constatadas en la Comisaría Primera.

Según argumentó el magistrado, con respecto a la Causa 544/17 OI 3502 caratulada «DEFENSORES OFICIALES DRES. VANNINI, CUEVAS Y CORVALAN S/HABEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO», IPP 15.132/II; en la Comisaría Primera de Bahía Blanca, no hay calefacción, ni agua caliente; así como falta higiene y agua para aseo personal; los privados de la libertad en esa seccional sufren hacinamiento; hay falta de gas, alimentación adecuada, falta de luz natural y ventilación, los matafuegos están vencidos, no hay colchones y no hay un espacio asignado para la recepción de visitas.

Asimismo, en el recurso interpuesto por los defensores oficiales, indicaron que las condiciones edilicias y de infraestructura de la Comisaría convierten a la privación de libertad en un trato inhumado, cruel y degradante, que constituye una pena prohibida tanto a nivel nacional como internacional.

En ese sentido, desde el Juzgado Nro. 1, resolvieron “acoger parcialmente la petición de habeas corpus formulada por la Defensa Pública (art. 415 del CPP) y disponer que se ordene a la empresa Camuzzi Gas Pampeana, prestadora del servicio de gas natural, a que en el plazo de diez días de notificada resuelva respecto a la aprobación de los planos para la instalación de gas para la comisaría primera de esta ciudad. También, ordenar al Ministro de Seguridad de la provincia que en el mismo plazo fijado, disponga por donde corresponda abonar los pagos adeudados al proveedor de alimentos para los detenidos de la Comisaría, como así provea en el mismo plazo a dicha dependencia de diez colchones ignífugos.

En el mismo dictamen, consta la intimación a Gay, para que en el plazo de treinta días a contar desde la notificación, disponga la realización de las obras necesarias, para realizar una nueva instalación eléctrica y de gas en la comisaria e instalar un aparato de aire acondicionado frío/calor de tipo “Split”, un calefón eléctrico y luego de que se encuentre en funcionamiento el sistema de gas, se instale un nuevo termotanque. Asimismo, se efectúen las obras necesarias para proveer al sector de calabozos de ventilación y luz natural mediante claraboyas.

En cuanto a la cantidad de detenidos alojados, el Juez Ares, dispuso  que se mantenga estrictamente el cupo máximo de detenidos en los calabozos, hay espacio físico para ocho personas, debiendo comunicarse ello a los comisarios Maldonado y Avondet y los Sres. Jueces en lo Penal de Primera instancia de esta ciudad, prohibiéndose el ingreso de nuevos detenidos o aprehendidos que excedan ese cupo a partir de la fecha.

“Todo ello bajo apercibimiento de disponer la clausura del sector de calabozos de la Comisaría Primera hasta tanto se realicen los actos indicados más arriba, en caso de que no se cumpla en tiempo y forma con el plan ya señalado”, indicó el magistrado.

Ante algunas consultad sobre la resolución adoptada, Ares, aclaró que “la intimación al municipio local para la realización de  las obras obedece a que éste, a través del señor Secretario de Seguridad, ofreció hacerse cargo de las mismas y presentó un proyecto detallado al respecto, sin perjuicio de que las comisarías dependan del Ministerio de Seguridad provincial; el aparato de aire acondicionado se exige dado que se acerca la época de más bajas temperaturas y quizá se demore la obra de gas. La exigencia de calefacción  así como luz natural, ventilación y otras cuestiones que hacen a la dignidad de la persona humana y a su salud, surgen de la normativa vigente; los jueces debemos cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes,  poniendo en acto la tutela judicial continua y efectiva en los casos en los que se nos asigna intervención. Por otro lado, aclaró que el Estado tiene una posición de garante respecto a la integridad física de los detenidos y  puede incurrir en responsabilidad internacional ante agravamientos ilegítimos de las condiciones de detención.