Tras la publicación de un decreto municipal que apuntaba a la clausura preventiva del Mercado Municipal de Bahía Blanca, por deficiencias edilicias y de servicios, las y los comerciantes se vienen manifestando para no perder sus fuentes laborales.

Como parte de un arreglo entre el Municipio y quienes trabajan en la institución, se ofrecieron nuevas locaciones para que puesteros y puesteras puedan continuar con su actividad. Estos espacios serían, en principio, alquilados por la comuna durante seis meses, y luego habría seis meses de extensión en los que colaborarían con el cincuenta por ciento del alquiler.

La abogada especialista en Derecho Administrativo, y representante de doce comerciantes del Mercado Municipal, María de los Ángeles Roson, explicó: “La situación actual es que hemos tenido ciertos avances en cuanto a lo que el Municipio viene ofreciendo. Sin embargo, en el caso de mis representados, hasta el momento no han tenido un ofrecimiento de local en concreto, y a quienes se les había consultado, los espacios no cumplían los requisitos que tenían que tener para que las situación de venta no se vea perjudicada”.

Entre esos requisitos, la profesional mencionó que debían ser locales en las cercanías del centro de la ciudad, para continuar con su actividad, y que las y los trabajadores pudieran solventar el alquiler, llegado el momento. 

“La situación de incertidumbre continúa, todo pende de un hilo. La gente tiene buena voluntad, van a ir a ver los locales porque hay una predisposición. Son trabajadores, quieren trabajar. No ponen resistencia en ese sentido, pero sí defienden sus Derechos que, hasta ahora, entiendo, siguen siendo vulnerados”, afirmó, en diálogo con la Cooperativa de Trabajo Ecomedios.

En esa línea, destacó que “lo que se pone en juego cuando hablo de Derechos son los ingresos de casi cincuenta familias, porque de cada puesto hay dos o tres familias que tenían una modalidad de trabajo dentro del Mercado que es una unidad económica, una unidad comercial. Entonces, despojarlos de esa unidad comercial, donde algunos hace cincuenta años que vienen trabajando ahí, de un día para otro, requiere y amerita una previsibilidad absoluta”.

“Se requiere diligencia, eficiencia, responsabilidad y respeto por parte del Municipio, y esto no lo venimos viendo porque entendimos que la decisión fue intempestiva, arbitraria, y fue exagerada, porque seguimos sosteniendo que los informes de la UTN en ningún momento dicen que recomiendan el cierre por encontrarse en peligro la vida de la gente. Entonces, partimos de allí para sentarnos y participar de las reuniones y el dialogo”, enfatizó.

Detalles del proyecto

Si bien el decreto publicado alude a una obra de reparación, Roson indicó que también habrá una instancia de puesta de valor que llevará, en principio, diez meses. Por eso la extensión del pago locativo a un año.

“A eso se ha sumado ahora presentar un proyecto en el Consejo Deliberante para que durante todo ese tiempo quede una extensión de tazas a favor de los comerciantes, y que el Municipio se hará cargo de la mudanza, de publicitar el comercio en medios de comunicación y redes”, enumeró, y agregó el hecho de las investigaciones que se realizaron previo a la situación actual dentro del Mercado, y que quedaría sin vigencia cuando las y los comerciantes estén fuera del espacio.

A modo de conclusión, la abogada indicó que “el éxito de que esto termine en buen puerto, sin perjuicio para las y los puesteros, y para que regresen al Mercado Municipal una vez que se realice la obra, no depende de los comerciantes. Depende del Municipio”.

“Los comerciantes no están haciendo una negociación, porque no están en igualdad de condiciones. Nosotros pedimos que se cumplan las responsabilidades del Estado Municipal, que tiene que atender el interés público y el interés común. Y que tiene que ser el ejemplo que garantice y que respete los derechos individuales, en este caso, de cada uno de los puesteros y puesteras”, concluyó.