Ante el incumplimiento de la Ley 10592 que estipula un cupo laboral para personas con discapacidad en dependencias municipales de Tres Arroyos, la funcionario provincial Andrea Lazzaro publicó un descargo en sus redes sociales.

La referente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires recibió la preocupación por parte de la familia de José Pérez Urtasun, quien pese a haber completado su formación universitaria en 2017, y estar registrado en el Servicio de Colaboración para Personas con discapacidad (SeClas) del Ministerio de Trabajo, todavía no accedió a un puesto laboral.

“Esto surge porque se puso en contacto conmigo la familia de José, que es un caso puntual. Más allá de que sea por la inquietud por él y todo lo que viene pasando, desde el municipio hacen oídos sordos, no dan respuesta. Hay que visibilizarlo porque el municipio, como tantos organismos públicos, falla en cumplir una ley que da derechos a las personas con discapacidad”, expresó Lazzaro, y aseguró que “Hablar de inclusión significa hacer cumplir una ley que valga para todos”

La ley provincial postula que el 4% del cupo de empleados y empleadas esté reservado para personas con discapacidad. Actualmente, la municipalidad de Tres Arroyos tiene 1400 empleados, por lo que correspondería un total de 56.

Lazzaro, en comunicación con la Cooperativa de Trabajo Ecomedios, remarcó la importancia de que sea el Estado el que garantice puestos laborales, en contraposición a la falta de posibilidades en el ámbito privado.

“Hay momentos en los que se justifica que no se los toma por falta de vacantes, pero eso no puede pasar. Es un derecho respaldado por una ley nacional y una provincial, que hay que hacer cumplir. Es una obligación del Estado asegurar su derecho a trabajar”.

“José podría, según la evaluación que realizó la Subsecretaría de Empleo del SeClas en el año 2018, realizar tareas administrativas. Hoy está controlando el ingreso de las personas revisando que usen barbijo, a modo de tarea comunitaria. No tiene un equipo de trabajo, un grupo donde pueda sociabilizar, interactuar, ni está regularizado como empleado del municipio. Cobra mediante un depósito y recibe un ticket como comprobante”, denunció.

Además, agregó que “para una persona con discapacidad, el trabajo un medio para conseguir otros objetivos: una imagen más positiva, sentirse útil uno mismo, reconocimiento social, independencia económica. Es un ámbito de desarrollo personal”.

Asimismo, afirmó que, pese a las múltiples notas y comunicados que se han enviado a la Municipalidad solicitando audiencias y respuestas, nadie se comunicó. La última instancia de reunión propuesta por el Ministerio de Trabajo de Tres Arroyos para el día martes 6 de julio resultó en un aviso notificando que el municipio no se haría presente.