La decisión del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur (UNS) surgió de la iniciativa de un grupo de docentes y estudiantes que año tras año conmemoran el asesinato del alumno de Ingeniería Industrial.

El 3 de abril de 1975 David “Watu” Cilleruelo fue asesinado en un pasillo del edificio de la UNS ubicado en avenida Alem 1253, por miembros de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) que se desempeñaban como custodios del rector interventor, Remus Tetu. Numerosos testimonios señalaron como autor material a Jorge “Moncho” Argibay, quien falleció impune. 

Cilleruelo militaba en la Federación Juvenil Comunista y pocos meses antes de su asesinato había sido electo secretario general de la Federación Universitaria del Sur. El reconocimiento post mortem se da en el marco de un acto de reparación histórica, institucional y simbólica para las víctimas que sufrieron el terrorismo de Estado.

En declaraciones al diario Página/12, el rector de la Universidad, Daniel Vega, expuso: “Es una iniciativa que surgió de manera natural por parte de un grupo de estudiantes y docentes. Para la UNS esta distinción es un acto de reparación histórica muy importante, ya que busca reivindicar no solo el caso de Watu sino el de todos los estudiantes que sufrieron el terrorismo de Estado”.

“La figura de Watu es una figura icónica dentro de nuestra institución porque es el primer caso de un asesinato dentro de los pasillos de una universidad pública por parte del Estado. Esto se dio en el marco de una intervención al Rectorado. Fue un mensaje político, no solamente hacia el claustro estudiantil sino hacia toda la comunidad”, señaló Vega.  

El proyecto, aprobado por unanimidad, destaca que “es responsabilidad ineludible de las universidades nacionales mantener en el tiempo el recuerdo del período más nefasto de nuestra historia nacional como ejercicio de memoria social para recordar a las víctimas del Estado terrorista y reflexionar sobre las consecuencias que implica sustituir el Estado de Derecho”. 

Ahora, el Consejo Superior dará intervención al Rectorado y por su intermedio, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, para que eleven una nómina de cinco referentes de los derechos humanos que integren una comisión que asesore al Consejo Superior sobre la postulación en trámite. “Ahora hay toda una formalidad que cumplir. Estimamos que nos va a llevar un tiempo, estamos terminando de definir la nómina de evaluadores expertos en materia de derechos humanos”, indicó el catedrático.