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La Confederación Cooperar le pidió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dar marcha atrás con la eliminación de la exención en el impuesto a los ingresos brutos para las cooperativas farmacéuticas, que fue incluida en la Ley Impositiva aprobada días atrás.
En el artículo 113 de la norma sancionada por la Legislatura provincial quedaron afuera de la exención en Ingresos Brutos a “las operaciones de las cooperativas cuya actividad sea la venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería”.
“Esto es un paso más en el camino inconstitucional que eligió la administración anterior al transformar el carácter del acto cooperativo de no sujeto a Ingresos Brutos en una mera exención”, señaló la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) en una nota acompañada por una propuesta de modificación legislativa que recupere el carácter de “no sujeto” al gravamen.
De esa inexistencia de hecho imponible se pasó en 2017 “a una endeble exención” y de allí, en el caso de las cooperativas farmacéuticas, a la imposición del gravamen con esta nueva ley.
“Esto es realizado en el momento en que resulta más necesaria la organización de los farmacéuticos para contrarrestar el papel oligopólico de las grandes droguerías. Si queremos cooperativas fuertes, al servicio del funcionamiento transparente de los mercados, resulta necesario un sistema impositivo que respete su naturaleza jurídica específica”, reclamó Cooperar.
Durante la campaña electoral, Kicillof había “recibido con agrado” un proyecto de ley entregado por el sector cooperativo “para revertir el camino económicamente concentrador y jurídicamente inconstitucional que había adoptado la administración anterior”.
Ahora, además de pedir la no sujeción del acto cooperativo a Ingresos Brutos, se pide reintegrar a las cooperativas de trabajo su histórica situación de exentas en ingresos brutos. El actual tratamiento impositivo “castiga fundamentalmente a las de carácter industrial, es decir, a las que mayor cantidad de insumos utilizan, debilita las políticas de fomento del cooperativismo de trabajo como promotor de inserción laboral y perjudica con mayor carga administrativa a las más pequeñas”.
Fuente: La Gaceta de Cooperar.
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