La Cámara de La Plata habilitó la feria judicial por el tarifazo del gas y de esa forma, el Tribunal federal analizará la apelación del Gobierno contra la anulación de la suba indiscriminada de las tarifas. La resolución fue adoptada por la Sala II tras un planteo del Ejecutivo.

La Cámara Federal de La Plata habilitó la feria judicial para analizar la apelación del Gobierno contra el fallo que anuló el tarifazo del gas. La resolución fue tomada este mediodía por la Sala II tras un planteo del Ejecutivo nacional en el que reclamó la «habilitación de feria judicial».

De esta manera, la Cámara podría resolver a finales de la semana próxima o los primeros días de agosto si hace lugar a la apelación del Gobierno y, en ese caso, remitir a la Corte Suprema el expediente para que defina la constitucionalidad del aumento de gas.

El fallo que lleva las firmas de los jueces César Alvarez, Roberto Lemos Arias y Julio Reboredo, señaló que «dados los motivos alegados por el presentante y las especiales características de la causa en función de la materia debatida y sus efectos, hacen admisible la habilitación de la feria judicial».

Se trata de la causa iniciada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) contra los aumentos de tarifas dispuestos para este servicio y que tiene una resolución de la misma Cámara que la semana pasada anuló los incrementos dispuestos por sendas resoluciones del ministerio a cargo de Juan José Aranguren.

La cartera energética interpuso un recurso extraordinario ante la Cámara platense y tiene previsto incluso acudir «en queja» ante la Corte Suprema si dicha cámara rechazara la solicitud.

El ministerio tiene urgencia en lograr un fallo que valide el aumento de hasta 400% para los usuarios residenciales y de 500% para los comerciales e industriales PyMEs contra lo facturado en el mismo período de 2015. Se trata de una fórmula que Energía pretende activar luego de la primera resolución que establecía incrementos mayores.

El Gobierno debería haber llamado a una audiencia pública antes de disponer los aumentos, lo que los convierte en ilegales y nulos, tal como determinó la cámara platense.