El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires envió al Parlamento el martes 12 de diciembre, un proyecto (PE 8/17-18) que perjudica claramente a las cooperativas. Buenos Aires una de las provincias con mayor tradición cooperativista, en especial en todo el interior provincial, y su constitución expresamente promueve la conformación y desarrollo de éstas entidades. Cabe preguntarse si el gobierno provincial desconoce esta realidad, o es funcional a intereses de empresas que se verían beneficiadas de aprobarse este proyecto.

TERCER INTENTO DE DEROGACIÓN EN UN AÑO

       El proyecto 8/17-18 intenta en primera instancia derogar la no sujeción vigente del acto cooperativo a los ingresos brutos, transformándola en exención. Si bien esta decisión no tiene impacto fiscal en lo inmediato, lleva a preguntarse qué otra intención encierra el cambio de estatus, sino el de eliminar o reducir en el futuro esa exención, con la clara intención de gravar las operaciones que las cooperativas realizan con sus asociados.

       Con una redacción casi calcada, en ocasión de considerarse las Leyes Impositivas 2017 y 2018 se intentaba convencer a los Legisladores de este cambio. La Ley Impositiva 2018 fue tratada a comienzos del mes pasado y el intento derogatorio (art. 102 y 106 del proyecto) fue retirado minutos antes de la Sesión por el oficialismo en atención al unánime rechazo de todos los bloques opositores, incluyendo algunos legisladores propios. Por inadmisible que parezca, a pocos días de la renovación de la Legislatura se hace tabla rasa con los acuerdos inmediatos anteriores.

       Como lo hemos venido mencionando, gravar el acto cooperativo contradice claramente la manda del artículo 41 de la Constitución provincial, lo que eventualmente obligará a acudir a la Justicia por su manifiesta

GRAVAR A LOS TRABAJADORES AUTOGESTIONADOS

       La segunda parte del proyecto deroga el régimen que beneficia desde siempre a la operatoria de las cooperativas de trabajo y apenas contempla descuentos sobre la base imponible que solo alcanzarían a las retribuciones y retornos a sus asociados, los trabajadores autogestionados.

       Se desconoce de este modo el impacto que ha significado para el interior de la Provincia la generación y desarrollo del movimiento cooperativo de trabajo, salvando las fuentes laborales que el sistema lucrativo y las empresas públicas expulsaran oportunamente.

       Sorprende una medida de este tipo mientras el Presidente de la Nación y la propia Gobernadora insisten permanentemente en la importancia de la creación y sostenimiento de los puestos de trabajo.

       En momentos en que el Congreso Nacional debate la iniciativa oficial de gravar con impuesto a las ganancias a las cooperativas y mutuales en las actividades de ahorro, crédito, financieras y de seguro, el Ejecutivo Provincial eleva estas propuestas con impacto negativo en el cooperativismo bonaerense. Estos proyectos parecieran exhibir una concepción de la actividad económica exclusivamente desde lo lucrativo sin reconocer la función económica y social de las cooperativas, en algunos casos centenarias, que tienen una naturaleza distinta y por tanto deben mantener su tratamiento diferente como lo manda la Constitución.

       Solicitamos nuevamente a los legisladores de la provincia de Buenos Aires no innovar con el tratamiento vigente, rechazando este nuevo proyecto derogatorio que condiciona la sustentabilidad y el desarrollo de las cooperativas.

El comunicado lo firman el secretario Hector Jacquet, y el presidente Rodolfo Daniel Zoppi de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo.