El Papa Francisco recibió con agrado la entrega pública de los Nuevos 21 Puntos por la comunicación como Derecho Humano y ratificó su compromiso con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la necesaria democratización de la Comunicación.

Fue en el marco de la Audiencia General, realizada hoy miércoles 13 de abril, cuando se acercó especialmente a saludar a los tres integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática los que, a su orden, fueron invitados por la Casa Pontificia a participar del encuentro.

El gesto papal vino a refrendar lo actuado por el Cardenal Bergoglio (hoy Papa Francisco) cuando en el año 2009 apoyó la gestación y promulgación de la Ley 26.522.

Néstor Piccone, periodista e integrante del sector cooperativo de la comunicación agradeció al Papa esta invitación y la alegría que implica para la militancia de la comunicación este contacto cara a cara al tiempo que pidió bendición y apoyo a la lucha contra los intentos de derogación de la Ley.

Walter Formento, miembro de la red CLACSO, incluyó en su momento la denuncia de lo que implica el gobierno de Mauricio Macri por su compromiso con los monopolios mediáticos nacionales y transnacionales de la comunicación, ya que la subordina a los grandes intereses financieros, que son también quienes lavan el dinero del crimen organizado, la trata y el narcotráfico.

Juan Chico, Qom de Chaco, presidente de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina, además de acercarle sus libros donde denuncia la invisibilización de los pueblos originarios remarco el nefasto retroceso que implicaría la derogación de la Ley de Medios.

Esta actitud del Papa Francisco apuntala a la CCD en su misión de acumular fuerza y se suma a la presentación que, el viernes pasado realizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. En esa oportunidad se denunció al gobierno de Mauricio Macri, obligándolo a responder por los arbitrarios e inconstitucionales Decretos de Necesidad y Urgencia con el que pretende derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual promulgada en el año 2009 y declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicias tres años después.