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Se trata de una segunda revisión de los proyectos propuestos por el Ejecutivo, luego de ser aprobados en la Cámara de Diputados.
La defensa de la Ley Bases la realizó el senador de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, quien sostuvo: “somos optimistas de que la ley va a ser acompañada”. En su presentación, apuntó contra los bloques opositores, al resaltar que “sabíamos que presentarían maniobras con el fin de dilatar el tratamiento”.
“Somos miles y millones los argentinos que estamos dispuestos a superar cualquier obstáculo, con la esperanza, aunque más bien con la confianza, en nuestro gobierno”, sostuvo.
El oficialismo consiguió el número necesario a las 10:14 para comenzar la sesión en la que se tratará la mega Ley y el paquete fiscal.
En caso de ser aceptada en la instancia del Senado, la Ley Bases regirá con nuevas reglas de juego para la estructura social, económica, política, cultural y ambiental del país.
Entre las modificaciones propuestas en cuanto a condiciones laborales, se aumentará la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años; desaparecerá la moratoria por la cual las personas con menos de 30 años de aportes pueden jubilarse; las y los trabajadores registrados volverán a pagar impuestos a las ganancias; dejará de existir la categoría más baja del monotributo, el social; se reducirá de 2,25 a 0,25% el impuesto a la riqueza; las personas que trabajan en empresas de menos de 5 empleados, dejarán de ser empleados; se facilitarán las condiciones para el empleo informal; se podrá despedir a trabajadores y trabajadoras por la causa que sea; y las mujeres embarazadas deberán trabajar hasta 10 días antes de la fecha de parto.
En el plano ambiental, las empresas petroleras tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y podrán comercializarlos libremente, sin que el Estado intervenga o fije precios; y se creará el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que le otorga amplios beneficios tributarios y cambiarios a grandes empresas multinacionales, excluyendo a las PyMEs, promueve las condiciones para el extractivismo y permite importar maquinaria e insumos.
También, la AFIP permitirá el blanqueo de hasta cien mil dólares sin necesidad de repatriarlos, sin pagar penalización, y sin solicitar explicaciones respecto a su origen; se legalizará la detención arbitraria para poder reprimir durante las protestas y movilizaciones; se buscará privatizar 14 empresas estatales y rematar los lotes donde funcionan.
Asimismo, se le otorgarán facultades extraordinarias al presidente, entre las que podrá desaparecer o fusionar organismos públicos, aumentar a su criterio el precio de servicios, transporte, desfinanciar la salud pública, la educación, y tomar medidas sin necesidad de consenso.
Entre los cambios que se le aplicaron al dictamen de mayoría, tras la discusión con los distintos bloques, están que los organismos vinculados a la cultura no podrán ser disueltos por el Gobierno; y eliminar a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina de las privatizaciones
Desde que se confirmó la fecha de tratamiento de la Ley, las organizaciones sociales, barriales, sindicales, y de oposición política comenzaron a organizarse para manifestar su descontento con las medidas que incluye.
En Bahía Blanca, la convocatoria fue a las 9.30hs en la Plaza Rivadavia. Allí se realizó un homenaje a la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, y una charla debate sobre la crisis alimentaria, social y económica a cargo de referentes barriales.
A las 10.30hs comenzó la movilización que se dirigió al Concejo Deliberante, que contó con la participación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), docentes nucleados en Suteba y Aduns, Agrupación Naranja de investigadores universitarios, el Polo Obrero, la Corriente Clasista Combativa (CCC), la CTA, Senasa Villarino y el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP), entre otros.
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