Ante el asesinato de Susana Montoya, viuda de un policía desaparecido durante la última dictadura, los organismos de Derechos Humanos lanzaron un comunicado y una convocatoria para repudiar el amedrantamiento sistemático y la reproducción de discursos de odio que se multiplica en la actualidad.

El cuerpo, hallado el viernes 2 de agosto por su hijo, militante de H.I.J.O.S Córdoba, Fernando Albareda, junto a una amenaza escrita en las paredes de la vivienda: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policia”. Esto, sumado al informe preliminar de la autopsia que determinó que el traumatismo de cráneo fue provocado por un fuerte golpe en la cabeza y combinado con una asfixia mecánica por estrangulamiento, lo confirman como un homicidio.

“Desde los organismos de Derechos Humanos locales y nacionales denunciamos y solicitamos el accionar inmediato de la Justicia en el esclarecimiento del hecho. Se trata de un crimen cometido sobre una familia que viene siendo amenazada y hostigada previamente a este hecho aberrante”, afirmó una de las referentes de Red por la Identidad en Bahía Blanca, Anabel Bustos Arnst.

En esa línea, continuó: “Para nosotros y nosotras, y para quien lea en contexto, es muy difícil no asociar estas amenazas con lo que finalmente sucedió. Tuvimos, en los meses pasados, hechos de similares características donde han amenazado y amedrentado a otros militantes de Derechos Humanos en el país. Es difícil pensar que se trata de un hecho aislado”.

“Es también en ese contexto que los organismos levantamos la voz nuevamente para denunciar y pedir un límite con los discursos de odio, un límite con la reivindicación permanente a genocidas y partícipes de la última dictadura sucedida en nuestro país. El Nunca Más fue, es, y debe seguir siendo, nuestro mayor valor como país más allá de cualquier ideología política. La familia de la que hoy hablamos fue víctima directa del genocidio y merece certezas, y que ese Nunca más esté más firme que nunca”, puntualizó.

Finalmente, destacó la importancia del rol de una sociedad activa y comprometida con la defensa de la democracia: “Nos queda nuevamente parar la pelota, reflexionar y, sobre todas las cosas, repudiar este tipo de hechos, sin condicionamiento alguno en la búsqueda permanente de Memoria, Verdad y Justicia”.

A viva voz

Los organismos de Derechos Humanos exigen a la Justicia de Córdoba y al poder Ejecutivo la urgente investigación y esclarecimiento del hecho, como así también las amenazas sufridas por las y los integrantes de la familia, denunciadas con anterioridad; y la seguridad y protección efectiva a Fernando Albareda y toda su familia.

Asimismo, y ante la noticia de que diputados y diputadas de La Libertad Avanza se reunieron con los condenados por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, se expresaron en repudio de la visita al Penal de Ezeiza y el proyecto de planificar su impunidad. Cabe aclarar que es la primera vez, desde que se iniciaron los Juicios por la Verdad, que los represores tienen una visita institucional.

Se trata de los ex militares, acusados y juzgados por impartir torturas, desapariciones forzosas, robos de bebés y asesinatos, son Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el «Pájaro» Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario «el Cura» Marcote, y Miguel Ángel Britos. La reunión la organizó el diputado entrerriano Beltrán Benedit y lo acompañaron Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo.