El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que integra la Universidad Nacional del Sur (UNS) emitió este lunes 20 de noviembre, una declaración ante las denuncias presentadas por el fiscal Guillermo Marijuan a 52 universidades por el uso de 747 millones de pesos transferidos por el Estado Nacional en 2015. La vicerrectora de la UNS, Claudia Legnini, la calificó de “poco seria, irresponsable y es un ataque a la universidad pública”.

El Consejo Interuniversitario Nacional emitió este lunes una declaración ante las denuncias presentadas por el fiscal Guillermo Marijuan a 52 universidades (ver más aquí) por el uso de 747 millones de pesos transferidos por el Estado Nacional en 2015. Desde que se conoció el martes 15 esta iniciativa del mencionado fiscal, las expresiones de repudio se multiplicaron en todas las universidades. La vicerrectora de la UNS, Claudia Legnini, la calificó de “poco seria, irresponsable y es un ataque a la universidad pública”.

Para el CIN, la denuncia realizada es “un ataque generalizado al sistema de educación superior pública”. En ese sentido, desde el Consejo, indicaron que «Esta actividad jurisdiccional ha producido, como consecuencia inmediata, una agresión a la identidad misma de la universidad pública, construida a lo largo de su historia de más de 400 años para ser una institución de gran valoración social»,

El rector de la Universidad de Córdoba, Hugo Juri, dijo: «Estoy preocupado. La sociedad está muy desanimada por estos casos de corrupción y hay que ser cuidadosos con las instituciones. No me parece correcto hacer una denuncia a todas las universidades públicas, tienen que ser específicos». Por su parte, para la rectora de la Universidad de General Sarmiento, Gabriela Diker, la acusación de Marijuán forma parte de «un ataque contra el sistema universitario público» y «produce dos efectos: contribuir a una campaña de desprestigio de las universidades públicas en la Argentina e instalar un cuestionamiento del financiamiento del Estado». Además, dijo, «denota una ignorancia que es sorprendente porque pareciera que Marijuan no entiende cómo se financia el sistema universitario público».

Más duro en sus afirmaciones, el titular de la UN de Tierra del Fuego, Juan Castelucci, indicó que «los rectores estamos totalmente indignados con este tema. Realmente no se entiende. No sé si es un payaso este fiscal, no se sabe lo que está haciendo. Pero no asombra de un fiscal que va con los políticos a ver los partidos de fútbol, que imputa gente sin ningún tipo de argumento. Es una vergüenza.» Castelucci se refería al viaje de Marijuán a Estados Unidos, en junio pasado, en ocasión de la Copa América, junto a funcionarios macristas y dirigentes del massismo.

La manifestación de los rectores de todas las universidades públicas nucleados en el CIN afirma:

1. El CIN sostiene y defiende en forma enfática la independencia del Poder Judicial de la Nación, así como la libre y más amplia actuación del fiscal.
2. Las universidades nacionales gozan de un generalizado prestigio entre nuestros conciudadanos, posición que se ha ganado a lo largo de la historia por resultar una efectiva herramienta de mejoramiento social, y las únicas instituciones públicas cogobernadas en las que el conjunto de sus integrantes deciden no solo el rumbo institucional sino, además, la gestión administrativa.
3. Las denuncias mencionadas, sustentadas en notas periodísticas y sin una sola relación de hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país.
4. Respecto al contenido del planteo del fiscal, nos permitimos recordar que los presupuestos universitarios se conforman por ley del Congreso Nacional, más las partidas que se asignan a cada institución por programas específicos. En todos los casos, resultan ejecutados bajo normativas claras, estrictas y con procesos de absoluta transparencia, sometidos a procesos de auditoría, tanto interna como externa, como señala la ley.
5. Esta actividad jurisdiccional ha producido, como consecuencia inmediata, una agresión a la identidad misma de la universidad pública, construida a lo largo de su historia de más de 400 años para ser una institución de gran valoración social hoy. Sin duda, el daño moral es no solo a la institución sino, también, a todos los que realizamos tareas de docencia, investigación, extensión y gestión en contextos sociales complejos y con presupuestos de austeridad, y que involucra a los estamentos docentes, estudiantiles, no docentes y egresados.
6. Esperamos que, en momentos en que se encuentra abierta la discusión presupuestaria en el Congreso Nacional, esta denuncia indiscriminada y con argumentaciones generales no afecte el necesario marco de equilibrio en la distribución de los recursos.
7. Nos ponemos a disposición del Poder Judicial, cuya independencia sostenemos para colaborar en la forma más amplia posible, para que, con celeridad, se pueda avanzar en la elucidación de estas denuncias genéricas y, de esta manera, despejar la sospecha que se ha planteado sobre el conjunto de las instituciones.
8. En el convencimiento de la probidad de nuestros procederes, continuaremos desde un ejercicio responsable de nuestra autonomía, en el marco de libertad y diversidad que caracteriza a la universidad argentina, con la formación de recursos humanos, la producción de conocimiento y el permanente diálogo y encuentro de saberes con la sociedad en pos de aportar a los procesos de desarrollo de nuestro país.