El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, junto al Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, firmaron un convenio de colaboración.

Buscan brindar asesoramiento y apoyo a las instituciones civiles al momento de regularizar y normalizar su funcionamiento. A partir de este acuerdo, la Defensoría del Pueblo recepcionará en sus oficinas presentes en los distintos municipios, la documentación que las asociaciones civiles deban presentar ante Dirección Provincial de Personas Jurídicas además de otorgar la certificación de firmas. 

La Dirección tiene como función ordenar el reconocimiento, la organización y el funcionamiento de las personas jurídicas que funcionan en el ámbito provincial, brinda asistencia técnica y asesoramiento integral.

Durante el encuentro estuvieron presentes el director Provincial de Personas jurídicas, Ariel Giménez;  la directora de Asociaciones Civiles, Mutuales y Legal y Técnica, Maite Alvado; y el subsecretario de Planificación, Control de Gestión y Relaciones Institucionales, Carlos Bonicatto.

Cabe decir, que la iniciativa se da en el marco de la declaración de interés público a las asociaciones civiles de primer grado que les otorga beneficios impositivos y exenciones de tarifas mientras continúe el aislamiento social por la pandemia del coronavirus.

La Ley promulgada el pasado miércoles 7 de octubre por el Ejecutivo bonaerense apunta a las asociaciones civiles de bajos recursos y a las que estén constituidas como clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios y mutuales de comunidades migrantes, entre otras.

Con la aprobación de la nueva ley, se estableció que dichas entidades podrán acceder a beneficios tales como tarifa cero en el servicio público de agua, gas, electricidad, internet y telefonía para las de bajos recursos y pago por consumo real para el resto mientras dure la emergencia sanitaria. Una vez concluida, el Poder Ejecutivo podrá prorrogar el beneficio.