Biblioteca Popular Roberto J. Payró continúa con el pedido de que las asignaciones a los fondos para Cultura continúen beneficiando tanto a las Bibliotecas Populares, como a las demás instituciones culturales que actualmente lo reciben.

El 21 de diciembre del año 2017 el Poder Ejecutivo impulsó y logró la sanción de la Ley 27.432, que mediante tres incisos del artículo 4 desarticuló la asignación específica de fondos para la cultura que había sido sostenida desde el regreso de la democracia. De esta manera, se fijó el vencimiento de las asignaciones de estos fondos para diciembre de 2022.

Esta medida afectará la financiación del trabajo y la producción de las industrias culturales impulsadas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu), el Instituto Nacional de Teatro (INT), entre otros organismos, y las Bibliotecas Populares de todo el país que reciben apoyo a través de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

“La cultura está en riesgo, y ahora es el riesgo total. Es una situación muy difícil”, expresó la bibliotecaria de la Biblioteca Popular Roberto J. Payró, Vanesa Quinteros: “Pone en riesgo actividades de la biblioteca, talleres, ingresos para los libros, todo. Hay bibliotecas que son más pequeñas, para las que implicaría el cierre de muchos espacios. Si bien dicen que obviamente se va a aprobar, ese obviamente es llevado hasta fin de año, y es una preocupación constante”.

Por su parte, una de las referentes del Concejo Directivo de la institución, María del Carmen Leyes, en dialogo con la Cooperativa de Trabajo Ecomedios, explicó: “Hoy, la solicitud de la prórroga está en la Cámara de Senadores, parado. Estaba para tratarse a fin de mes, pero están con otros temas y sigue quedando a la espera”.

“Sería fácil solo hacer una prórroga, ya no discutimos que sea por cincuenta años. Pero queremos que nos den aunque sean dos años, para poder seguir luchando. Esto es el sustento de las instituciones, sino tenés que llegar a aumentar las cuotas a niveles que la gente no está en condiciones de pagar”, afirmó.

De concretarse el vencimiento, estas asignaciones pasarían entonces a manos de Rentas Generales, quedando bajo el Poder Ejecutivo resolver cuánto y cómo disponer de fondos para el sector de la cultura. También se quitaría a las instituciones mencionadas de cada sector cultural, la autonomía para poder ejecutar las políticas que necesitan los trabajadores y trabajadoras de la cultura.