Los trabajadores de la recuperada Cooperativa de Trabajo Globito Team Ltda. apuntaron en un escrito a maniobras del juez Héctor Chomer, su secretario Leandro Sciotti  y la sindicatura de la empresa fallida.

La Cooperativa Globito Team se creó en 2017 en medio del proceso de quiebra de la empresa Línea Globito Saic, producto del vaciamiento empresarial realizado por Martín Adamovsky y Marcela Donatti, según fue denunciado oportunamente. El emprendimiento textil que llevan adelante 18 trabajadores está ubicado en el barrio porteño de Paternal.

Primero debieron permanecer varias semanas en un acampe en el exterior de la fábrica, acompañados de varias cooperativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así tomaron la decisión de alquilar en cercanías de la fábrica donde algunos llevaban 26 años trabajando.

La guarda de materias primas quedó en manos del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 10, cuyo titular es el juez Héctor Chomer, y la Secretaría 19, a cargo de Leandro Sciotti, mientras que las máquinas eran utilizadas por los trabajadores.

Por el conocimiento que tenían del mercado y su propia capacidad laboral los ahora cooperativistas retomaron la producción y venta de la tradicional ropa para bebés.

Malas noticias

El 18 de abril, con la autorización del juez Chomer, acudieron a la antigua fábrica a constatar el estado de conservación de la mercadería que allí se encontraba, que desde el juzgado nunca les permitieron utilizar, lo cual hubiera mejorado sus posibilidades productivas.

Mayúscula sorpresa se llevaron cuando tomaron conocimiento que la mercadería había desaparecido y las telas estaban rotas y humedecidas.

“Desde el Poder Judicial se nos ha negado sistemáticamente por acción u omisión la posibilidad que otorga la ley de compensar nuestros créditos laborales con la materia prima y mercadería de la fallida. Esto nos hubiese permitido fortalecer nuestra producción y el proyecto de recuperación. A su vez se nos ha denegado la posibilidad de que se nos designe depositarios judiciales”, reconocieron en un documento dado a conocer días atrás.

Asimismo, reconocen otras responsabilidades: “En ningún momento hemos sido informados por la Sindicatura a cargo de la Sra. Beatriz Alonso y el Sr. Gabriel Iglesias como así tampoco por el martillero Javier Galli, encargados judiciales de velar por los intereses de los acreedores y el cuidado de los bienes”.

“Por este motivo seguiremos denunciando las irregularidades que sigan aconteciendo en el proceso de quiebra como ya lo hemos hecho al denunciar más de ocho situaciones que nos ponen en una situación de desigualdad y desprotección por parte del Estado”, finaliza el escrito.