La Honorable Cámara de Diputados (HCD) bonaerense, convirtió en ley el proyecto que simplifica los procesos judiciales para las demandas de alimentos, que limitan el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes y sus madres.

La Provincia había presentado dos proyectos que fueron aprobados por el Senado y uno se transformó en normativa. Ambas iniciativas, fueron redactadas en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Obligación Alimentaria, creada tras la presentación del informe “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género” en 2022, tomando iniciativas de la senadora Sofía Vannelli y la diputada Lucía Iáñez.

Aquel informe, presentado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, elaborado desde la Subsecretaría de Políticas de Género, a cargo de Lucía Portos, da cuenta de las desigualdades de género en las crianzas en hogares monomarentales: siete de cada 10 mujeres no reciben aportes del progenitor de sus hijas e hijos.

El actual sistema de determinación y ejecución de la obligación alimentaria se encuentra centrado en el poder judicial, donde las respuestas que reciben las mujeres por parte de esta institución son deficientes y fragmentadas. El 65% de las bonaerenses no recibe la obligación alimentaria de parte del padre de sus hijas o hijos o sólo la percibe en forma esporádica. Cabe mencionar que este fenómeno se da en todas las clases sociales.

Por su parte, el proyecto aprobado entiende que la falta de pago de la obligación alimentaria por parte de los progenitores contribuye a la aparición de formas de sobreendeudamiento de los hogares monomarentales. Esta problemática se suma a la sobrecarga de cuidados que afrontan las mujeres, derivada de la falta de pago de la obligación alimentaria, que las aleja de la posibilidad de acceder al empleo formal y registrado.

Entre las reformas que se acaban de aprobar en la provincia de Buenos Aires se encuentran: establecer parámetros para determinar el monto de la obligación alimentaria, como el Índice de Crianza, elaborado por el INDEC; incorporar herramientas eficaces para obtener una respuesta rápida, ágil y flexible en un plazo razonable; reducir el litigio en favor de una resolución rápida y pacífica de los conflictos; y fortalecer la autonomía en el proceso de toma de decisiones de las mujeres como usuarias del servicio de justicia.

También, establece plazos para dar respuesta a la prueba de informes utilizados para determinar el monto de la cuota alimentaria y el nivel de vida del demandado: cinco días para entidades privadas y siete para públicas, y establece multas e intereses cuando los progenitores no se presentan a las audiencias judiciales sin adecuada justificación porque entorpecen el proceso.