Desde la presidencia de la Nación se publicó el Decreto 879/2024 que establece el veto a la ley de financiamiento universitario.

Con el argumento de que el apoyo económico a las Universidad «no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento», y que «afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno», el decreto también advierte la aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000.

En el escrito se detalló que la administración de los recursos públicos «debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración», a la vez que se advirtió que el proyecto «es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».

«La medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional», se indica en el documento del Boletín Oficial, mientras que se remarca que los incrementos salariales deben resolverse a través de la negociación colectiva. El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, luego de la Marcha Universitaria.

El documento también subraya que «la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional es la herramienta primordial para el ordenamiento y planificación del accionar gubernamental» y, en este sentido, el Gobierno asegura que el financiamiento de las universidades debe discutirse en el marco del presupuesto general, en lugar de mediante leyes específicas.

La Cámara de Diputados y el Senado deberá sesionar para definir si acepta el veto o si insisten con el proyecto de ley.