En la provincia de Buenos Aires, se crearon más de cuarenta organismos públicos con equipos dedicados a abordar las violencias de género, y se atendieron más de 1700 casos hasta diciembre de 2021, según las cifras relevadas por la Defensoría del Pueblo de la Provincia.

La Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, conducida por Flavia Delmas, es el área encargada de coordinar los espacios institucionales, a través del Equipo de Abordaje de Situaciones Particulares, a cargo de Mariela Garay y Noelia Bilyk.

El trabajo sistematizó los resultados de la aplicación de la Ley 14.893, que se aprobó en el 2017 que establece un régimen de ‘Licencias para Mujeres Víctimas de Violencia’. El decreto que reglamentó la norma se presentó recién en marzo del 2020.

Hasta diciembre de 2021 se habían abordado 1746 denuncias y se otorgaron 783 licencias, en al menos diez organismos públicos diferentes, entre ellos la Dirección de Cultura y Educación, el Ministerio de Salud y el de Seguridad.

Entre los 42 organismos públicos que crearon equipos interdisciplinarios para abordar denuncias de violencia de género también están los ministerios de Seguridad, Ambiente, Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Finanzas, Producción, entre otros. También la Fiscalía de Estado, ARBA, el Tribunal de Cuentas, el Servicio Penitenciario, forman parte de la lista.

Una de las novedades que trajo el trabajo en el terreno fue que muchas de estas denuncias referían a situaciones de violencia por razones de género en el ámbito laboral.   

Situación general

Entre las conclusiones del informe elaborado por la Defensoría se señala que de “los datos analizados surge que ambos organismos, Ministerio de las Mujeres y la Dirección de Personal de la Provincia, dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete, desarrollan herramientas a fin de coordinar interinstitucionalmente el abordaje de la implementación de la Ley. Buscando y generando herramientas y dispositivos de gestión para lograr el acceso a derechos de las trabajadoras de la administración pública provincial”.

En el informe se presenta que “ambos organismos han abordado en sus respuestas el eje de violencia por razones de género en el ámbito laboral, eje que trasciende este relevamiento y que estaba planificado como una segunda fase del mismo. Dada la magnitud y la importancia que desde la administración provincial se le da a esta dimensión de la violencia patriarcal, decidimos tomarlo en el presente trabajo por dos razones. En primer lugar, porque aparece permanentemente entrelazado con los objetivos abordados por la ley, a la hora de desarrollar políticas públicas para su implementación. Es decir, se revelan totalmente imbricados y contiguos”.

Y agrega “en segundo lugar porque desde la casuística obrante” en el informe “los casos de violencia de género en el ámbito laboral presentan una arista pública de la situación de subalternización en la que aún, a pesar de los avances legislativos y los esfuerzos realizados desde el Estado, son percibidas socialmente las mujeres y las personas LGTBI+”.