Kicillof alentó que los avances tecnológicos tengan por objetivo la mejor distribución de la riqueza. El ministro de Economía dijo que los avances tecnológicos y científicos y la lucha contra la delincuencia que atenta contra la propiedad intelectual deben tener como objetivo la mejor distribución de la riqueza.

Kicillof consideró que los desequilibrios que se producen en el mundo en materia de generación de marcas y patentes, y la consecuente defensa de la propiedad intelectual, son “dilemas” que se resuelven con una “mejor distribución de la riqueza e inclusión social”.

Kicillof y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, fueron los principales oradores de la inauguración de la Novena Conferencia Internacional sobre aplicación de leyes contra Crímenes sobre la Propiedad Intelectual, que hasta mañana se desarrollará en el hotel Sheraton Retiro, en esta Capital.

El ministro de Economía mostró, a través de diversos cuadros, cómo la generación de marcas se encuentra concentrada en un 48% entre naciones de Europa, Estados Unidos y Japón, en tanto que un 40% es dominado por China y Corea.

“Sólo el 2,3% de las patentes es solicitada por países de América Latina y el Caribe”, advirtió el titular del Palacio de Hacienda.

Mencionó la “desigualdad” que existe en el tema ya que la mayoría de las marcas se generan en el exterior, en los países más desarrollados, pero la mayoría de los delitos contra la propiedad intelectual se cometen en las naciones menos desarrolladas, donde se termina defendiendo al “consumidor” pero no a la industria que generó el producto.

“Nuestro mejor aporte en términos de propiedad intelectual está en generar mejores avances tecnológicos y científicos y mayor desarrollo de patentes, con el único objetivo de lograr una mejor distribución de la riqueza, de la inclusión social y de la distribución para nuestro pueblo”, afirmó.

Ante un auditorio integrado por 600 autoridades policiales de 18 países, Kicillof mostró que en 1990 el 90% de las marcas y patentes se alojaban en países de Europa, EEUU y Japón, y sólo el 12% se registraba en el resto de las naciones.

En el año 2000, con un cambio de la estructura productiva mundial, las naciones más avanzadas concentraban el 75% del conocimiento y desarrollo tecnológico marcario, y en el 2013 la concentración se redujo 48% en las potencias europeas, EEUU y Japón, en tanto que el 48% surgió de China y Corea.

La desigualdad en el desarrollo hace que solamente el 2,3% de las naciones de América Latina y el Caribe soliciten patentes “que no se generan acá, sino que provienen del exterior”.

“Hay quienes consideran que el respeto de la propiedad intelectual es un motor para el desarrollo tecnológico, pero nos gustaría que la distribución de la riqueza y el conocimiento fuera más equitativo”, opinó.

“Hay quienes piensan que muchos países desarrollados requieren flexibilidad y generosidad para que los menos desarrollados puedan aprovechar los avances de la tecnología”, consideró Kicillof.

Remarcó que en los últimos 12 años la Argentina creció “como no lo hizo en sus 200 años de historia”, y para ello fue fundamental el desarrollo de su economía y la inversión en tecnología y el desarrollo de sus científicos.

“No es que desconfiemos del sector privado, pero los países crecen en tecnología con el liderazgo del Estado”, gracias a las políticas volcadas en investigación y desarrollo, aseguró.

“A partir del 2003 se duplicaron los recursos destinados a la investigación científica”, señaló el ministro, y consideró que los dilemas que surgen del desequilibrio entre la generación de marcas y patentes se resuelve con mejores políticas distributivas.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, señaló el “compromiso” de la Argentina en la lucha contra el delito de vulneración de marcas, y resaltó la actuación de Interpol que en 190 países “identifica y desbarata” bandas de organizaciones transnacionales de “piratería, falsificación de marcas y contrabando”, que se constituyen en delitos que van a desembocar en el lavado de dinero.

Habló que el “desafío” se encuentra en la tarea conjunta que pueden lograr la policía, la justicia y el sector privado “con una visión geopolítca que abarque las asimetrías económicas” en el combate contra el delito.