La Lista Azul No Docente de la Universidad Nacional del Sur (UNS), única agrupación que impulsó la suspensión del docente y ex miembro del Servicio de Inteligencia de la última dictadura cívico militar, Néstor Montesanti; emitió un comunicado de prensa argumentando su postura frente a la decisión adoptada por la casa de estudios, de no suspender a Montesanti.

Vale recordar que el juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca el Ex PCI Nestor Montesanti acusado de haber integrado la organización terrorista paraestatal Triple A durante la represión ilegal previa al golpe del 24 de marzo de 1976 en Bahía Blanca, fue citado días atrás por el Juez Alejo Ramos Padilla para que preste declaración Indagatoria el venidero 27 de Agosto.
Dos días Antes, el 25 de Agosto deberá declarar ante la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura por «conductas incompatibles con la defensa de los derechos humanos y la democracia».

Comunicado “Lista Azul No Docente-UNS”

“Para que la angustia y la vergüenza no derroten a la esperanza que guardamos, desde la ListAzul de trabajadores de la Universidad Nacional del Sur creemos necesario diferenciarnos de la irresolución por parte del Consejo Superior Universitario al momento de tratar en el recinto la eventual suspensión del docente Néstor Montezanti, imputado por delitos de lesa humanidad ante la Justicia Federal y disciplinariamente reprochado por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Ante la mirada de sobrevivientes y testigos de crímenes del terrorismo de Estado, la amplia mayoría del cuerpo colegiado decidió hacer caso omiso a los cargos que pesan contra el mencionado docente y los antecedentes similares de otras Universidades, para aprobar en cambio un intrascendente aval al Rector para pedir al Juzgado Federal al sólo efecto de que confirme algo que ha sido ampliamente informado por decenas de medios de comunicación y por Fiscales.gob, Infojus y Télam, los sitios oficiales de la Procuración General de la Nación, el Ministerio de Justicia nacional y la agencia estatal de noticias.
Vale la pena reflexionar acerca de lo ocurrido ayer, porque resulta de una gravedad inusitada e inexplicable.
En primer término, porque muestra a la Universidad como último reducto público del negacionismo.
En segundo lugar, porque parte de los delitos que se imputan al docente mencionado se vinculan con la Universidad: tanto atentados contra el orden institucional de hermanas casas de estudios como tareas de inteligencia catalogadas por los represores como servicios “universitarios”.
En tercer lugar, porque la declaración indagatoria a la que será sometido Montezanti por el Consejo de la Magistratura tendrá carácter disciplinario e incluirá su desempeño actual como docente de la UNS, en cuanto a las quejas y denuncias por los contenidos y valores que profesa y el trato que dispensa a sus alumnos.
En cuarto lugar, porque un tratamiento liviano e irresoluto de un tema tan relevante y sensible hace que se vea lesionada la legitimidad de la UNS para ejercer su derecho interno ante eventuales faltas menores que aquellas que tienen como imputado al docente mencionado. En otras palabras: ¿cuál será la legitimidad de un docente para sancionar a un estudiante que se copió en un examen, si el Consejo Superior de la UNS ha optado por ignorar una imputación por uno de los peores delitos tipificados en el Código Penal?
Finalmente, en quinto lugar, porque la UNS debe decidir –y la máxima responsabilidad por ello cabe a sus representantes- en qué vereda se colocará respecto del camino de Memoria, Verdad y Justicia que el pueblo argentino ha elegido y convertido en política de Estado. En 1984, el general Benjamín Rattenbach pronosticó que si las Fuerzas Armadas no sometían a sus miembros a la investigación de una Justicia honesta, la sociedad y la Historia culparían institucionalmente a las Fuerzas Armadas por los crímenes cometidos. Así fue.
En el caso de la UNS, la gravedad es particularísima: fue, a la vez, víctima y victimario del terrorismo de Estado que se desató a mediados de los ‘70. Víctima, por cuanto su comunidad académica resultó foco de represión y sufrió desapariciones, asesinatos, secuestros, cesantías, quema de libros y cierre de carreras, además de la interrupción de su democracia interna y la ruptura de su autonomía. Victimario, por cuanto pertenecía a la estructura del Estado terrorista y quienes tomaron a su cargo las principales funciones del gobierno universitario pertenecieron y en algunos casos aún pertenecen a su comunidad.
Los tiempos de la sociedad y la Historia no se detendrán porque el reloj académico así desee marcarlo, ni por mucha nostalgia que a sus miembros pudiera generarle el Pasado o por peor impresión que le cause el Futuro. La elección como consejero no implica la mera coronación en una ceremonial y extrañamente apolítica nobleza de Estado. Por el contrario, en este momento demanda una palabra clara de los máximos responsables del cogobierno universitario: ni más ni menos que mostrarle a la comunidad quién y qué es la institución.”